03 julio 2016

Aragón tendrá una nueva política en prevención de riesgos laborales

El Gobierno de Aragón actualizará la política de prevención de riesgos laborales
Así, el Ejecutivo pone de manifiesto su apuesta "decidida" por la implantación y el desarrollo de la política de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud, ha informado el Departamento de Hacienda y Administración Pública.


 El citado acuerdo establece una hoja de ruta para la actualización de esta política después de más de 20 años de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 1995.

El convenio, que será ratificado por el Consejo de Gobierno en próximas fechas, establece plazos concretos para avanzar en la implantación y desarrollo de la política preventiva. 

De esta forma, antes del 30 de septiembre de este año se presentará en la Comisión una propuesta de plan marco para la integración efectiva de la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud en la Administración autonómica. 

Tras la aprobación del plan marco en este órgano de participación, los diferentes departamentos y organismos públicos elaborarán, actualizarán y aprobarán los planes de prevención correspondientes a su ámbito de actuación antes del 31 de diciembre. 

También antes de fin de año se negociará con las organizaciones sindicales la renovación del modelo normativo en materia de protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos. 

Asimismo, la futura Ley de Función Pública, en fase de anteproyecto, incorporará una referencia explícita al derecho a la protección de la seguridad y la salud de los empleados públicos, así como las correspondientes previsiones sobre las obligaciones en la materia y las consecuencias de su incumplimiento. 

También hay fecha para asumir la práctica de los exámenes de salud de todos los empleados públicos de la Administración Autonómica con medios propios de ésta; un proceso de internalización que se completará con anterioridad al 31 de diciembre de 2017. 

En todo este proceso es prioritaria la participación efectiva de los empleados públicos en todas aquellas decisiones que afecten a su seguridad y su salud. El acuerdo ha sido cerrado esta semana con los sindicatos integrantes de la Comisión Autonómica de Prevención de Riesgos Laborales.

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