10 septiembre 2015

El gobierno de Aragón deja en "renta social· lo que debería ser renta básica

El gobierno de Aragón deja en "renta social· lo que debería ser renta básica
El pasado lunes, 7 de septiembre, el Presidente de Aragón, Javier Lambán y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, presentaban ante un buen número de entidades, asociaciones, colectivos, y trabajadores y trabajadoras vinculadas a los servicios sociales su propuesta para la elaboración del anteproyecto de “Ley de Renta Básica Social de Aragón”.

Esta propuesta tiene su eje fundamental en la reestructuración de los programas ya existentes de ayuda de urgente necesidad, así, la ‘nueva’ Renta Social de Aragón “se adapta a la nueva coyuntura económica y social propiciada por la prolongada crisis”, en palabras de la consejera Broto. Y su principal novedad consiste en que esta ‘nueva’ Renta Social “sustituiría al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y a la Ayuda de Integración Familiar (IAF), unos modelos que han quedado obsoletos, dada la situación económica actual”, explicaba Broto.

Según la propuesta de la DGA esta Renta Social tendría dos modelos: complemento económico o ingreso mínimo. El primero sería para aquellas unidades de vivencia que tengan algún tipo de ingresos pero que estos sean inferiores al importe de la renta social.

El ingreso mínimo sería para las unidades de convivencia en situación de riesgo y/o exclusión social que no dispongan de recursos suficientes para atender sus necesidades básicas. Este ingreso mínimo tendría a su vez dos fórmulas de las que se derivarían cuantías diferentes: una renta vital (para aquellos que decidan no participar en un proceso de inclusión) y una renta de inclusión (para los que sí decidan participar).

Desde el Gobierno de Aragón también explicaban que “cambian los requisitos que serían necesarios para poder solicitar estas ayudas”. Por ejemplo, “se tendrá una consideración especial a las mujeres víctimas de violencia de género y se considerará la existencia de dos o más unidades de convivencia dentro de un mismo domicilio”. Asimismo, “los solicitantes deberán estar empadronados y tener residencia efectiva en Aragón con un año de antelación o cinco años continuados durante los diez anteriores”. También deberán ser mayores de 18 años y menores de 65, aunque podrían pedir esta ayuda aquellos menores de 18 años emancipados o que tengan menores a su cargo. Por último destaca del borrador presentado que “la prestación se limitará a dos años en cualquiera de sus modalidades, con la posibilidad de sucesivas prórrogas bienales si se mantienen las causas que motivaron la concesión”.

Cierto es que desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales se han comenzado a dar pasos para reforzar la estructura de los servicios sociales aragoneses, tales como el compromiso de agilizar los trámites para renovar el Ingreso Aragonés de Inserción, incluyendo la contratación de nuevas profesionales para que “antes de que acabe el año estén al día las solicitudes del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)”, según anunciaba la consejera Broto.

Sin embargo el borrador presentado el lunes es confuso, al menos, en su denominación. El documento de Renta Social de Aragón es buen avance para salir del inmovilismo del anterior gobierno del PP, pero solo se trata de una reestructuración de los programas asistenciales ya existentes, muy lejos por tanto, de un anteproyecto de Renta Básica Universal para Aragón.

En cualquier caso, la DGA ha abierto un periodo para que los colectivos implicados participen en grupos de trabajo o talleres donde presentar sus aportaciones, “que serán debatidas y podrán ser incluidas en el documento final”, señalan desde la DGA, con la intención de que “el proyecto de ley pueda ser llevado a las Cortes para finales de año y que este pueda ser aprobado de forma urgente”.

En este sentido, ya el mismo lunes, algunos colectivos mostraban su disconformidad con lo confuso de la denominación del proyecto de la DGA. Desde el Frente Cívico de Zaragoza mostraban su preocupación por “el uso partidista y electoralista del nombre de la misma usando la Renta Básica para algo, que no lo es, y eso desde las instituciones y más desde el Gobierno de Aragón. Ya que no es permisible ni ético en época de elecciones, si tenemos en cuenta que lo que se ha presentado es una modificación del Ingreso Aragonés de Inserción (I.A.I.) y no una Renta Básica Universal”, y añadían que “han dicho que teníamos razón y que se iba a modificar recalcando que ellos nunca hablan de Renta Básica sino de Renta Social. Pero en los documentos y proyecciones sí lo hacen”.

Habrá que esperar pues a que finalice el periodo de alegaciones para comprobar si la DGA opta por utilizar una denominación correcta para su anteproyecto de “Ley de Renta Básica Social de Aragón”, que no dé lugar a confusión. Y, desafortunadamente, habrá que esperar aún más para ver sobre la mesa de nuestras instituciones un verdadero proyecto para implementar una imprescindible “Ley de Renta Básica Universal de Aragón”.