Se repitió el protocolo. Y casi con los mismos actores. El Gobierno de Aragón ha firmado esta mañana con Iberdrola ( igual que hiciera con Endesa en el pasado mes de enero) un acuerdo para que ninguna familia en emergencia social en Aragón sea privada del suministro de luz o gas.
El presidente de la Comunidad, Javier Lambán, ha señalado que la prioridad de su Ejecutivo es combatir “la pobreza y la exclusión social” y están comenzando por aquellas carencias “más lacerantes”.
El pacto alcanzado establece un procedimiento idéntico al rubricado con Endesa: los servicios sociales de la Administración realizarán un informe cuando Iberdrola envíe un requerimiento de pago a una persona. Se valorará si puede ser beneficiario de la ayuda de urgencia y, si es así, se pondrá en conocimiento de la compañía. El convenio obliga a la empresa a mantener el suministro mientras se gestiona la concesión de la ayuda. La deuda, han informado, será saldada mediante el abono directo que realicen los servicios sociales de las administraciones locales a Iberdrola.
En el caso de que ya se haya cortado el suministro, se procederá, de igual modo, a una evaluación, y si el resultado es favorable se solicitará a la compañía que, “de manera inmediata”, restablezca el servicio.
Al acto han acudido Javier Lambán; la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto; la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Carmen Sánchez, y el director de Ventas de Iberdrola, Eduardo Insunza.
