06 julio 2016

Condenados los 8 de Yesa: pierde la verdadera justicia

La justicia legal condena a los 8 de Yesa
Con la sentencia dictada este miércoles 6 de julio, Arriel, Jorge Luis, Jesús María, Alejandro Pablo, Óscar, Javier, Sergio y Miguel Ángel no tendrán que cruzar el umbral de una prisión, sin embargo, han sido condenados por el Juzgado 1 de lo Penal de Zaragoza a seis meses de multas, con una cuota diaria de 6 euros, por un delito de resistencia a la autoridad, así como a cubrir las costas públicas del proceso.


En muchas ocasiones el mundo legal es obtuso en cuanto a sus referencias con la vida real, y la sentencia es fruto de un proceso judicial, en el que la defensa pudo demostrar que algunas de las lesiones alegadas por los agentes eran antiguas, viéndose la acusación obligada a rebajar las penas solicitadas en el transcurso del proceso.

Y así, ese mundo legal ha advertido hoy que los 8 de Yesa son autores de un delito de resistencia a agentes de la autoridad, previsto y penado en el art 556 del Código penal, y por ello acaban de ser condenados.

Sin embargo, la realidad es sincera. Los ocho acusados lo son por el delito de defender unas tierras, que apenas son nombradas en esta sentencia. Una expropiación de parcelas agrícolas, de las que depende el futuro económico del entorno de Artieda, que amenaza seriamente el pervivencia de la localidad. Quizá no sea legal cortar una carretera por ellas, pero en la mente de muchas, se vislumbra la justicia en esta protesta.

La sentencia tampoco relaciona los hechos con la barbaridad ecológica y medioambiental que supone el recrecimiento del pantano de Yesa, ni advierte de las diferentes alternativas, más viables, efectivas y económicas, a la obra que existen, y se han puesto encima de la mesa por diferentes organismos que reclaman una nueva cultura del agua.

Olvida también el entramado societario al que beneficia la CHE, en un proyecto como el recrecimiento de Yesa, del que únicamente han salido ganando las grandes constructoras que se encargan de una obra que lleva años convirtiéndose en un sinsentido en el que se omiten informes geológicos que hablan de la peligrosidad de la misma, mientras se ha ido engordando el presupuesto hasta haber llegado a los 460 millones de euros, frente a los 113 millones iniciales, sin contar obras subsidiarias como la del nefasto embalse de la Loteta.

Y es que parece que la justicia legal entiende solo de hechos consumados, de dolo y de praxis obviando el contexto, la realidad, la situación de aquellas que ven como su futuro se ve amenazado por completo por el beneficio de unos pocos.

Entre esos, una CHE que hace caso omiso a informes negativos o movimientos en las laderas, obcecada con terminar una obra interminable que comenzara en tiempos de Jaume Matas, allá por 1993, y que parece dispuesta a acabar el recrecimiento cueste lo que cueste.

Unas constructoras, ACS y Ferrovial, que engordando presupuestos, poco les importa la ingente cantidad de morteros inyectados en las inestables laderas y la locura de un desmonte inabarcable con el fin de proteger la presa, mientras el dinero se acumula en sus arcas.

Por último, unos políticos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español, enrocados en la obra, pensando quizá en el enorme fracaso político que supondría no finalizar algo que han defendido a capa y espada.

Estas son algunas de las razones por las que la sentencia no es tan justa como lo es la protesta de aquellas personas que simplemente defienden su tierra. Gentes que mantienen en el recuerdo a sus vecinos, ahora sin pueblo, de Sigües, Escó, Tiermas, Ruesta…, y también, a muchos otros pueblos desaparecidos o afectados por otros embalses impulsados por políticas hidrológicas decadentes.

SOMOS sindicalistas Arainfo | imagen Arainfo (Pablo Ibáñez)